La presencia de amianto en nuestro entorno es uno de los grandes problemas de salud pública a la que se enfrenta la sociedad en la próxima década. Este material altamente cancerígeno y completamente prohibido desde el año 2002, perdura en multitud de construcciones e instalaciones tanto en el ámbito urbano, como en el rural, aunque uno de los grandes focos está en los polígonos industriales.
El amianto –Uralita fue la marca comercial con el que se popularizó en España– fue un material muy apreciado en el sector de la construcción, por sus condiciones aislantes y resistentes al fuego. Principalmente en las décadas de los 70 y de los 80, coincidiendo con la construcción de la mayoría de los polígonos industriales, el uso del amianto vivió su apogeo. Pronto se confirmó que cuando se descompone, las fibras quedaban en suspensión e inhalarlas puede provocar graves afecciones pulmonares. Se calcula que esa degradación, dependiendo del medio en el que esté, se produce entre 30 y 40 años después de su instalación. Ello supone que el amianto de los polígonos ya ha alcanzado el final de su vida útil o está a punto de hacerlo.
Aunque actualmente no existe ninguna legislación autonómica, nacional ni internacional que obligue a su retirada, el Parlamento Europeo ha aprobado fijar como objetivo para su retirada de cualquier construcción o instalación, el año 2028, dentro de menos de una década, aunque falta que ese acuerdo ampliamente mayoritario se traduzca en directiva.
Uno de los grandes problemas que arrastra la retirada de amianto es la falta de una radiografía exhaustiva de su presencia.